El sistema judicial ecuatoriano notificó finalmente la condena de una década de prisión contra el ciudadano serbio Jezdemir Srdan. El Consejo de la Judicatura confirmó esta resolución el miércoles 25 de febrero de 2026. Este fallo ocurre tras superar múltiples bloqueos y maniobras internas dentro de la Función Judicial.
Caída de funcionarios y presiones políticas
La notificación de la sentencia sucedió apenas cinco días después de la destitución de Mario Godoy de la Judicatura. El Parlamento censuró al exfuncionario luego de graves denuncias presentadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano. Según Serrano, recibió presiones para beneficiar al narcotraficante serbio durante el proceso penal.
Cabe resaltar que la esposa del exdirector Godoy ejerció la defensa técnica del ahora sentenciado. Por esta razón, la Asamblea Nacional intervino para garantizar la transparencia en el caso denominado “Euro 2024”. Tras la salida de Godoy, el tribunal recuperó su independencia para emitir el dictamen final.
Disolución de empresas y multas millonarias
La justicia también ordenó la disolución inmediata de tres compañías vinculadas a la red criminal. Las empresas Vivo Pro Vobis S.A., Serviseg Cía. Ltda. y Boncamarao S.A. dejarán de operar legalmente. Además, los jueces impusieron multas equivalentes al triple del monto total lavado por la organización.
Srdan movilizó aproximadamente USD 11 millones provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero nacional. Por ello, el tribunal dispuso la confiscación de todos los bienes adquiridos con estos fondos ilícitos. El actual presidente encargado de la Judicatura, Damián Larco, ratificó su respaldo total a los operadores de justicia.
Jueces bajo investigación y destituciones
El caso provocó la destitución de la jueza Gabriela Lara, quien votó inicialmente a favor de la inocencia de Srdan. Actualmente, Lara enfrenta un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito. Las autoridades hallaron USD 92,000 en efectivo ocultos en una caja de zapatos dentro de su vivienda.
Asimismo, la Fiscalía investigará a varios exfuncionarios que intentaron evitar las sanciones contra la magistrada Lara. En contraste, los jueces Carlos Serrano y Christian Fierro recibieron elogios por resistir amenazas durante el juicio. Gracias a su firmeza, el Estado ecuatoriano logra cerrar un capítulo clave contra las mafias internacionales.
