Una acción de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte Constitucional en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que modificó la fecha de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el 29 de noviembre de 2026.
La demanda fue interpuesta por el economista y docente universitario Andrés Albuja Batallas, quien argumenta que el cambio de calendario vulnera la seguridad jurídica y los derechos políticos de los ciudadanos.
Argumentos de la demanda
Según el accionante, la modificación del cronograma electoral se realizó de forma “intempestiva”, lo que impide a los actores políticos y a la ciudadanía adaptarse a reglas claras y previamente establecidas.
Además, sostiene que el adelanto de los comicios —previstos inicialmente para febrero de 2027— generaría efectos económicos negativos, especialmente en los gobiernos autónomos descentralizados.
Entre los principales argumentos expuestos constan:
- La coexistencia de autoridades salientes y electas durante seis meses, lo que podría afectar la planificación financiera
- Riesgos de ineficiencia en el gasto público y paralización de proyectos
- Posible caída de entre el 15 % y 20 % en la ejecución de obra pública en 2027
- Incertidumbre en la firma de contratos y desembolsos de créditos multilaterales
La causa fue sorteada y quedó en conocimiento del juez Jorge Benavides.
Postura del CNE
La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, defendió la decisión señalando que responde a criterios técnicos y busca garantizar la participación ciudadana.
Explicó que se trata de un cambio en la fecha de votación, mas no de las elecciones en sí, con el objetivo de anticiparse a los efectos del fenómeno climático de El Niño, que podría afectar recintos electorales en varias provincias.
Asimismo, advirtió que la Función Electoral es la máxima autoridad durante los procesos electorales, en referencia a posibles intervenciones externas.
Debate jurídico y político
El cambio de calendario ha generado posiciones divididas. Mientras sectores del oficialismo respaldan la medida por considerarla preventiva, voces críticas cuestionan su legalidad y sus efectos en la institucionalidad.
El constitucionalista José Chalco-Salgado señaló que la Corte Constitucional sí tiene competencia para pronunciarse sobre este tipo de recursos, incluso en periodo electoral.
Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, indicó que los ciudadanos y actores políticos pueden recurrir la decisión tanto ante el propio organismo como ante el Tribunal Contencioso Electoral.
En paralelo, organizaciones políticas han anunciado movilizaciones para rechazar la medida y exigir garantías democráticas.
El CNE resolvió el 27 de marzo adelantar la jornada de votación del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, argumentando riesgos climáticos que podrían afectar más de 200 recintos electorales en 17 provincias.
La posesión de las nuevas autoridades, sin embargo, se mantiene prevista para el 14 de mayo de 2027, conforme al mandato constitucional.
